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A 7 años del incendio05 de Agosto de 2023
Ruiz Pérez, Benucci Torrealba y Ruiz-Tagle García-Huidobro: los perdedores del fallo del Tribunal Ambiental por el incendio del vertedero Santa Marta en Talagante
La instancia judicial obliga al Consorcio Santa Marta a cumplir con las medidas de reparación que incluyen retiro de escombros, auditoría externa, análisis de riesgo y un estudio técnico visados por la SMA. Sus socios pertenecen a la elite empresarial santiaguina, y el presidente de la empresa Guillermo Ruiz Pérez, al gremialismo, cercano a Longueira.
Por
Lun Lee - INTERFERENCIA
Imagen: Guillermo Ruiz Pérez, presidente del Consorcio Santa Marta.
La madrugada del 19 de enero, Santiago amaneció con una nube de humo cubriendo la capital en pleno periodo estival. Sobre las cabezas de los santiaguinos, avanzaba una corriente de gases tóxicos acompañado de un hedor que rápidamente provocó problemas respiratorios, náuseas, vómitos y cefaleas en varios habitantes de la metrópolis del país, quienes tuvieron que recurrir a distintos centros asistenciales.
La razón, un incendio que cuatro días antes se había incubado en el vertedero que controla el Consorcio Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante y que dirige
Guillermo Ruiz Pérez, un empresario cercano al gremialismo y a el ex senador,
Pablo Longueira.
El incendio comenzó el 15 de enero con el desprendimiento de 500 mil toneladas de residuos que sobrepasaron el muro de contención y quedaron depositadas en el encajonamiento de las quebradas El Boldal y El Aguilar evitando el avance de los desechos hasta los hogares aledaños al relleno sanitario.
El 18 de enero, los gases internos provocaron un incendio anaeróbico, es decir que no necesita de oxígeno para su combustión, característica que lo hace muy complejo de extinguir, pues el agua no es efectiva y debe usarse espuma clase A para controlarlo. Tarea que los bomberos lograron el 22 de enero, siete días después del desprendimiento que inició el siniestro.
Cinco años después de una batalla judicial que comenzó en mayo de 2018 con una demanda por reparación de daño ambiental que acogió el Segundo Tribunal Ambiental y posteriormente ratificó la Corte Suprema en septiembre de 2019; el pasado junio, el Tribunal Ambiental resolvió que ante el incumplimiento de las medidas de reparación ambiental por parte del Consorcio, debía ejecutarse el inicio de la auditoría externa, análisis de riesgo y el estudio técnico en un plazo de 30 días que se cumplieron en julio de este año.
Con ello, la empresa tendrá que retirar escombros y realizar los estudios de aguas y suelo pendientes, pues los presentados por la empresa no cumplían con los antecedentes técnicos, de hecho, no fueron visados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En una primera etapa, la empresa inició los análisis de riesgos correspondientes, según confirmaron a Interferencia.
La diputada Camila Musante, abogada patrocinante en primera instancia de la causa que llevó al Consorcio a comenzar con las medidas de reparación, indicó a Interferencia que "este es un fallo histórico porque el Tribunal evalúa que el informe que obligaba a dar cuenta en el año 2018 de la contaminación del vertedero es insuficiente y el que fue presentado fue calificado como una entrega “meramente formal” que no reunía los antecedentes técnicos que se exigían. Lo lamentable de esto es ver la irresponsabilidad de la empresa, que incluso pretendía declarar tanto la incompetencia del Tribunal Medioambiental como una excepción de pago de la deuda, pero finalmente la Justicia actúo y juzgó en mérito".
"Esperamos que este pronunciamiento sirva de base para futuros conflictos socioambientales que terminan en impunidad. Como país es fundamental hacer confluir el desarrollo y crecimiento económico con el resguardo medioambiental, porque no es posible que deterioremos nuestro entorno y destruyamos los barrios de las familias solo por caprichos de grupos empresariales que no cumplen con la normativa", agregó la diputada por el distrito 14 que reúne a varias de las comunas más afectadas por el incendio como Talagante, Calera de Tango, San Bernardo, Isla de Maipo y la comunidad de Lonquen.
Varias vecinas valoraron el fallo, aunque siembran dudas respecto a las acciones que tomara el Consorcio.
Yorta González, dirigenta, afirmó que “este fallo es histórico y esperamos que sí se cumpla, como muchos otros que han sido favorables a los vecinos y Santa Marta no los ha cumplido, esperamos que este se cumpla y que esta empresa finalmente actúe acorde a la ley, que hoy día los líquidos percolados que llegan a nuestros canales de regadío sean finalmente sacados de ahí, se realice un tratamiento de esos líquidos y que se nos permita a los vecinos vivir de manera digna, de manera sana, sin contaminación del medio ambiente, los costos del beneficio económico de Santa Marta los pagamos los vecinos y hoy día es necesario que se genere una política de Estado sobre el manejo de los residuos domiciliarios”.
Rosa Cáceres, dirigenta y activista medioambiental recalcó que “toda una comunidad se ve afectada por una empresa que funciona hace años de forma irregular, ilegal, que mantiene a Lonquén bajo una zona de sacrificio y también quiere extenderse por 30 años más, provocando un desastre natural, no solamente en esta comuna sino que en todas las comunas aledañas. Necesitamos que el Gobierno se haga cargo también de un manejo de la basura, no se ha planteado desde el ministerio algo tan importante. La empresa sigue y continúa funcionando de forma irregular con un tubo de percolado que expulsa todos los desechos tóxicos en el pueblo de Lonquén, los vecinos se quejan constantemente de enfermedades, es realmente un ecocidio".
Los rostros del Consorcio Santa Marta
En la
plataforma web del Consorcio Santa Marta figura como presidente
Guillermo Ruiz Pérez, mismo nombre que el año 2016 presidia el directorio del Consorcio. Ruiz Pérez, dirigía Hidrosán, una de las cuatro firmas que conformaban la empresa de residuos, las otras tres: Empreterra, Agua Santa e Inser. Las cuatro sociedades controladoras, para ese año controlaban el 40% de la torta regional (actualmente el 30%) con un millón de toneladas anuales de basura. Asimismo, según las cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) contaban con 45 sanciones en un período de 14 años, las que totalizaban multas cercanas a los $134 millones.
Sin embargo, en la arista política, un archivo de prensa de la época publicado en
Emol, vincula a
Ruiz Pérez como hombre cercano a
Pablo Longueira y a la UDI. Según detalla la nota de prensa, la simpatía de Ruiz con el partido se forjó gracias a su hermano Marcelo, uno de los fundadores del gremialismo, quien falleció en un accidente aéreo en ayuda de los damnificados por el terremoto del 27 de febrero del 2010.
Tras la pérdida, la familia Ruiz pidió a Longueira que los representara en la junta directiva de la Universidad San Sebastián, donde formaban parte de la plana mayor de la institución. Según un artículo de
El Mostrador de la época, Marcelo Ruiz era padrino de uno de los hijos del ex senador UDI.
Además, Longueira también fue alumno de Guillermo Ruiz en Ingeniería y en 2014 realizaron una expedición juntos de 25 días en el yate Argalleiro, propiedad de Ruíz, para navegar la “Ruta de Colón”.
Por otra parte, el vicepresidente del Consorcio es
Giorgio Benucci Torrealba, hijo de
Darío Benucci Marraghini, socio histórico y amigo de Guillermo Ruiz. Según consigna Emol, las familias Benucci y Ruiz han forjado su amistad en base a su pasión por la nieve. Incluso, fueron testigos del accidente que el año 2012 sufrió el ex senador
Alejandro Navarro en una moto de nieve que intentó hacer pasar por accidente laboral. El mismo parlamentario, indicó que en compañía de los dueños del Consorcio perdió el control y cayó del vehículo.
Asimismo, tanto Ruiz como Benucci eran socios de Nevados Chillán, un dominio esquiable de Termas de Chillán en el que Ruíz participó por medio del Consorcio Chillán. Aunque la principal actividad de Ruíz ha estado vinculada al negocio sanitario, no solo con Santa Marta, sino tambén con sanitarias Chañar y Aguas Patagonia.
El resto del directorio actual lo cierra
Andrés Ruiz-Tagle García-Huidobro,
Juan Diéguez Manfredini y, precisamente,
Darío Benucci Marraghini padre del número 2 del Consorcio.
También tiene pasado
Diéguez Manfredini. En el año 2005 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó una multa por $173 millones (10.000 UF) a Diéguez, quien en su calidad de gerente general de Essbío licitó un total de 10 contratos con la empresa Hidrosán, firma de la que era socio sin que el directorio de la empresa sanitaria de la VIII región supiera, según consignó
Economía y Negocios.
Más allá de las redes de amistad que sostienen a este Consorcio, los terrenos donde fue emplazado el vertedero guardan una historia que con el tiempo parece haber sido enterrada entre las toneladas de desechos que cubren a diario el lugar.
En 1980 la familia
Ruiz-Tagle adquirió los terrenos donde hoy opera el Consorcio Santa Marta, uno de sus dueños fue
Andrés Ruiz-Tagle Fernández (padre del actual miembro del directorio que carga con el mismo apellido) fallecido en 2019, Dentro del fundo que compró la familia, se encontraban los hornos de Lonquén, sitio donde el 30 de noviembre de 1978 fueron encontrados 15 cuerpos correspondientes a detenidos desaparecidos apresados por Carabineros en la comuna de Isla de Maipo. Los familiares de los 15 hombres asesinados por la dictadura, transformaron el lugar en su sitio de peregrinación.
Sin embargo, en marzo de 1980, la familia Ruiz-Tagle dinamitó los hornos barriendo con el recuerdo y la memoria histórica del lugar. "Cuando la familia Ruiz-Tagle compró el fundo dinamitó los hornos, con la aquiescencia de la junta, para exterminar todas las huellas del horror e impidieron el paso a un lugar que se había convertido en centro de peregrinación. Hoy sólo una montaña de pedruscos recuerda aquellos hornos de cal y cada 7 de octubre muchas personas llegan en romería hasta el lugar", escribió Mario Amorós en Después de la lluvia.
Directorio Consorcio Santa Marta. Fuente: Plataforma web del Consorcio www.csmarta.cl
Habla el Consorcio Santa Marta
Interferencia contactó al Consorcio Santa Marta para conocer si habiéndose cumplido el plazo de 30 días interpuesto por el Tribunal Ambiental se había elaborado la auditoría externa, análisis de riesgo y estudio técnico solicitado por la instancia judicial con supervisión de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Desde la empresa respondieron que: "por supuesto que Consorcio Santa Marta cumplirá en todos sus aspectos lo ordenado por la autoridad ambiental, incluyendo la realización de los estudios solicitados y bajo la supervisión de la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya se han sostenido reuniones con los consultores y con la autoridad y se ha comunicado formalmente sobre el inicio de dichos estudios, tal como fue requerido".
Sobre si planean recurrir a una nueva instancia judicial, aseguraron que "nuestra planificación es realizar los estudios dentro de los plazos establecidos bajo supervisión de la autoridad y entendemos que esa es la mejor forma de responder a lo solicitado. No tenemos considerado recurrir a instancias judiciales puesto que la realización de estudios la vemos como una oportunidad de mejora y de transparentar aún más nuestra operación. Acatamos el fallo de la autoridad y señalamos al mismo tiempo que el relleno sanitario se encuentra abierto a la comunidad y a las autoridades en general que es lo que se espera de este tipo de instalaciones".
Por otra parte, respecto a la acusación de vecinos que afirman que un tubo de percolado continúa expulsando desechos sobre la localidad de Lonquén, la empresa se defiende y señala que: "Descartamos absolutamente que exista un tubo que se encuentre descargando desechos tóxicos sobre Lonquén. Los vecinos de Lonquén se encuentran al tanto de que se trata de un efluente que ha sido sometido a varios procesos de depuración a través de una Planta de Tratamiento de Lixiviados que opera desde el año 2003 y que considera mediciones periódicas para demostrar que se cumple con la normativa vigente".
Si bien reconocen que existe un cambio en el color del agua, explican que: "Entendemos las aprehensiones de los vecinos por el color del agua, y es importante señalar, tal como lo hemos comunicado en las instancias en que nos ha sido posible, que ello no reviste ningún tipo de riesgo para la salud de la población y que el color del efluente tratado se explica por la oxidación natural de los vegetales que ingresan al relleno sanitario. Las aguas del estero El Gato cumplen con la normativa de agua de riego y por lo tanto, desde el punto de vista sanitario y ambiental, no estamos en presencia de un impacto significativo".
Y agregan sobre la regulación que: "Sobre la regulación del tubo, efectivamente Consorcio Santa Marta se encuentra en el marco de un Programa de Cumplimiento ante la Superintendencia del Medio Ambiente y, mientras este programa se encuentra en ejecución, se informa a la misma autoridad minuto a minuto -a través de un enlace encriptado vía wifi- el caudal y la calidad del efluente tratado previo a su descarga. Asimismo, para demostrar que la calidad de las aguas de regadío no se ha visto afectada, se efectúan 10 mediciones de la calidad del efluente antes de su descarga y 5 mediciones mensuales en distintos puntos del estero. Esta regulación incluye la presentación de un proyecto que se encuentra en curso y que permitirá descargar el efluente en un punto más cercano al río Maipo donde se evitará todo tipo de molestias a los vecinos".
Por último, respecto a la pregunta sobre si el actual directorio continuaba siendo el mismo que operaba durante el incendio del 2016, el Consorcio desistió hacer comentarios al respecto.
Al cierre de esta edición, desde el Consorcio Santa Marta enviaron a Interferencia una declaración pública en la que la empresa se refiere a la multa cursada por la SMA donde aseguran que cumplirán con lo que la autoridad determine aunque lamentan la decisión en virtud de los cambios implementados. Asimismo, reconocen en el documento la responsabilidad del quehacer respecto al incendio ocurrido y que han implementado mejoras desde el hecho.
Adjuntos:
- fallo-vertedero-santa-marta.pdf, 188.49 KB
- respuestas_consorcio_santa_marta.pdf, 118.53 KB
- declaracion_consorcio_santa_marta_04.08.23.docx, 20.53 KB
Fuente:
https://interferencia.cl/articulos/ruiz-perez-benucci-torrealba-y-ruiz-tagle-garcia-huidobro-los-perdedores-del-fallo-del338
